Al recurrir a la bibliografía mundial sobre arqueología subacuática, todavía hoy, al fijarnos en los mapas de distribución de yacimientos arqueológicos submarinos en el Mediterráneo observamos, en las costas, especialmente de Francia y Italia, una tupida nube de puntos que indican la ubicación de otros tantos yacimientos, mientras que para España el vacío es prácticamente total.
El motivo es obvio:
La arqueología subacuática española lleva un retraso de prácticamente treinta años con respecto a otros países europeos. Efectivamente, en 1950 Lamboglia hizo los primeros intentos de excavar con finalidad científica el barco de Albenga y en 1952 Benoit fue responsable de la dirección científica de la excavación del pecio del Grand Congloué. Eran las primeras tentativas para pasar de la mera recuperación de objetos del fondo del mar a la investigación arqueológica de estos restos submarinos. En 1960 Bass realizó en Cabo Gelidonia, en las costas turcas, la primera excavación arqueológica subacuática con un equipo de arqueólogos. Es, por tanto, a finales de la década de los años 50 y principios de los 60 cuando se sentaron en el Mediterráneo las bases de lo que será la arqueología submarina moderna, realizada por arqueólogos profesionales y por instituciones científicas. A partir de estas experiencias, y al escaso ritmo que marcan las disponibilidades presupuestarias y las decisiones administrativas, los dos países pioneros, Francia y Italia, crearon sus propias infraestructuras y organismos especializados. En 1957 se creó en Albenga el Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina y en 1967 la Direction des Recherches Archéologiques Sous-Marines con sede en Marsella. Sin olvidar el papel jugado en España, durante los años 60 y 70, por los patronatos de arqueología submarina y por las iniciativas de clubes de inmersión y submarinistas deportivos, hemos de reconocer que fue necesario que pasaran todavía muchos años para que arqueólogos y instituciones españolas iniciaran la gestión del patrimonio cultural ubicado en aguas españolas y la excavación científica de barcos hundidos.
No será hasta la década de los 80 cuando comiencen a surgir en España instituciones oficiales dedicadas a la arqueología subacuática. La celebración en Cartagena en 1982 del VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina supuso la presentación en sociedad del Centro y Museo de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas dependiente del Ministerio de Cultura. Ya en 1981 se había celebrado en Girona la primera oposición para cubrir una plaza de arqueólogo submarino en una institución pública.
Durante estos años se produjo un cambio substancial al ir traspasándose a las comunidades autónomas las competencias de cultura, y entre ellas las de arqueología. Esto se produjo al mismo tiempo que se promulgaba la ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, por la que los yacimientos arqueológicos terrestres y subacuáticos recibieron el mismo tratamiento legal. Paralelamente un grupo de arqueólogos repartidos por toda la Península trabajaban en arqueología subacuática produciendo que en centros oficiales y universidades surgieran grupos de trabajo, proyectos, excavaciones, cursos, etc., que generaban nuevos y buenos resultados, todo lo cual acabó produciendo que en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía se crearan centros oficiales dedicados a la arqueología subacuática y que en todos ellos se integraran arqueólogos. Sin duda falta mucho camino por recorrer y la situación de la arqueología subacuática en la Península Ibérica dista mucho de ser buena, pero el avance cuantitativo ha sido espectacular ya que en estos momentos toda la costa del levante y sur español, desde Girona a Huelva, cuentan con uno o más técnicos especifica y profesionalmente dedicados a la protección, estudio y difusión del patrimonio cultural subacuático y lo más importante es que estos técnicos están integrados en el seno de organismos administrativos que aseguran la continuidad de los proyectos más allá de las situaciones estrictamente personales.
En la cornisa cantábrica y Galicia, si bien no existen centros oficiales específicamente dedicados a la arqueología subacuática, los grupos de trabajo existentes en Santander y San Sebastián pueden ser el embrión de nuevas realidades. Paradójicamente las dos comunidades autónomas insulares, Baleares y Canarias, en las que la arqueología subacuática tiene enormes posibilidades, carecen de instituciones especializadas en este campo.
En el momento de hablar de la arqueología subacuática española no es gratuito hacer un repaso del estado de esta actividad en los países de nuestro entorno geográfico, ya que un barco, el yacimiento arqueológico subacuático más típico y tópico, es una máquina en movimiento que se hunde, generalmente por azar, en un punto de su ruta, así Culip VI, una embarcación hundida hacia el año 1300 en las costas de Girona cuando transportaba un cargamento de cerámicas del norte de Africa a algún puerto del sur de Francia podría haber naufragado en cualquier otro punto entre Africa y Francia.
El arqueólogo subacuático en su trabajo científico está obligado a prescindir de las fronteras de la geografía política actual y a interesarse y potenciar el desarrollo de la investigación en el marco paleogeográfico político del momento histórico que estudia. Será imposible estudiar en profundidad la arquitectura naval española de los siglos XVI y XVII hasta que la arqueología subacuática americana no ofrezca más resultados.
En Portugal se ha producido una evolución de la arqueología subacuática que ha culminando con la creación en Lisboa del Centro Nacional de Arqueología Náutica e Subaquática.
En el resto del Mediterráneo occidental, Italia, a pesar de los problemas administrativos que atraviesa en este campo, dispone de un nutrido grupo de técnicos. Francia tiene totalmente consolidada su arqueología subacuática. En la costa africana desgraciadamente el vacío es casi total.
Creemos que las décadas de los años 80 y 90 han sido el período de gestación de la arqueología subacuática científica en la Península Ibérica y que a finales de los 90 se dan las circunstancias favorables para iniciar una nueva fase de la arqueología subacuática española.
Durante estos más de quince años las instituciones públicas, tanto el gobierno central como los autonómicos, han comenzado a asumir la arqueología subacuática como una responsabilidad propia y se han dotado de organismos especializados. Al mismo tiempo se han ido formando especialistas en campos diversos y del ya enorme número de licenciados universitarios con títulos de inmersión subacuática, han ido surgiendo especialistas en restauración, en arquitectura naval de los diversos períodos, topógrafos, fotógrafos y un largo etcétera de profesionales que comienzan a estudiar la historia teniendo muy en cuenta el papel jugado por la navegación.
Numerosas universidades españolas han introducido la arqueología subacuática en sus planes de formación. Unas de manera estable: La universidad de Zaragoza hace años que contempla estas enseñanzas en el tercer ciclo y la universidad de Barcelona ofrece a sus alumnos de segundo ciclo una asignatura con el título de Arqueología Náutica y Subacuática. Otras, de forma periódica, ofrecen cursos y seminarios: La de Murcia a través de sus Aulas del Mar, la de Valencia con las Jornadas de Arqueología Subacuática, la Autónoma de Madrid con los Cursos de Arqueología Subacuática o la de Oviedo con sus Jornadas de Arqueología Subacuática de Asturias, entre otras. Este es un síntoma claro de la nueva situación en la que la comunidad científica va abandonando antiguas reticencias hacia la arqueología subacuática, dándose un paso de gigante hacia la normalización de esta actividad.
Estas nuevas realidades han producido ya resultados importantes: Unos más visibles como exposiciones, publicaciones científicas y trabajos de divulgación en general. Otros menos evidentes pero también enormemente importantes son todos los relativos a la gestión del patrimonio cultural subacuático. La catalogación de este patrimonio se ha convertido en un objetivo prioritario de todos los nuevos organismos dedicados a arqueología subacuática y esto ha generado, entre otros logros, una mayor protección de los yacimientos. Algo impensable hace escasos años, como eran las prospecciones arqueológicas previas a las obras públicas en medio marino están ya realizándose, igual que las excavaciones de urgencia, lo cual conlleva la implicación de otros organismos de la administración en esta nueva dinámica de protección del patrimonio.
Si pensamos que en 1980 no existía en la Península Ibérica ningún arqueólogo dedicado profesionalmente a la arqueología subacuática, que no existía ningún organismo público con los medios suficientes para poder llevar a cabo una excavación de urgencia y comparamos esta situación con la de 1999, tendremos que coincidir en que la evolución ha sido asombrosa. No obstante la situación actual todavía dista demasiado de ser satisfactoria; por ejemplo, sólo existe en las costas de la península un barco dedicado específicamente a arqueología subacuática y aún con una dotación insuficiente.
La falta de medios, pero sobre todo de profesionales, es un problema grave que impide alcanzar los objetivos mínimos deseables, ya no para la investigación, sino incluso para asegurar una aceptable gestión y protección de este patrimonio que sigue siendo objeto de un expolio sistemático. La arqueología subacuática española actual se gestó en los años de creación y expansión de las administraciones autonómicas, en unos años de una cierta euforia económica. Pero a finales de los noventa se ha producido una drástica reducción del gasto público y los centros de arqueología subacuática que acababan de surgir con unas dotaciones mínimas, únicamente válidas para asegurar su apertura, pero con una intención de desarrollo progresivo, han visto parado su despliegue.
Esta circunstancia acontece en un momento en que aumenta la presión sobre el patrimonio cultural subacuático de grupos económicos o simplemente de aventureros que pretenden actuar sobre el patrimonio arqueológico submarino para su beneficio particular o para fines extra arqueológicos, disfrazando de investigación científica lo que son meras recuperaciones de objetos antiguos del fondo del mar. La conocida como Operación Galeón, la compra por parte de la Comunidad de Madrid de los restos del San Diego o las actuaciones de Ballard en el Mediterráneo pueden ser algunos ejemplos de una actitud que ya tuvo, en Portugal, la consecuencia más transcendente con la promulgación de la legislación portuguesa favorecedora de la caza de tesoros, la cual afortunadamente está ya derogada. Se trata de un problema grave que podría afectar muy negativamente a la joven arqueología subacuática española que todavía carece de los medios para contrarrestar la presión de poderosos grupos económicos o militares con acceso a los centros de decisión política y a los medios de comunicación. No se trata de especulaciones. En todas las operaciones de este tipo detectadas en Europa existe implicada una institución bancaria y no podemos olvidar que Ballard ha utilizado para sus actuaciones en el Mediterráneo un submarino nuclear de la armada norteamericana. En estos momentos de inicio de una etapa de consolidación en la arqueología subacuática peninsular sería conveniente, por una parte, la existencia de un código deontológico, y por otra, la promulgación de una legislación específica que contemple las peculiaridades de la arqueología subacuática. La ley del Patrimonio Histórico Español concede a los yacimientos subacuáticos el mismo nivel de protección legal que a los terrestres, sin tener en cuenta que la situación y las peculiaridades del patrimonio subacuático no son las mismas que las del patrimonio terrestre. De entrada, no es el mismo el cuerpo legal de las leyes del mar que el conjunto de leyes del suelo, no son las mismas las administraciones competentes, no son los mismos los problemas de conservación y restauración de los objetos, es totalmente diferente la problemática técnica de la excavación arqueológica y es también diferente la problemática de vigilancia y protección de ambos tipos de yacimientos. En este sentido algunas tímidas medidas complementarias se han introducido en las legislaciones y en las normativas autonómicas. Así mientras la legislación española establece que los objetos hallados por azar deben ser entregados a la administración competente, la legislación catalana establece que si bien esto debe ser así en el caso de los objetos hallados en tierra, para los localizados bajo el agua, el objeto debe permanecer en su emplazamiento y ponerse en conocimiento de la administración el lugar de hallazgo. Igualmente se establecen diferencias en la documentación para la solicitud de permisos de excavación ya que en el caso de excavaciones subacuáticas ha de hacerse constar la profundidad a la que se encuentra el yacimiento y el tipo de fondo. Ejemplos tan obvios no hacen más que hacer patente la necesidad de una legislación específica sobre arqueología subacuática.
Siguiendo en el marco legal, es necesario establecer la figura del buceo científico, ya que la actual orden en vigor de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en la que se equipara el buceo científico al profesional es un claro inconveniente para el desarrollo, no sólo de la arqueología subacuática, sino también de una buena parte de la biología marina, con lo que se produce un ralentizamiento de la investigación científica submarina en general.
Probablemente una de las áreas en la que será necesario realizar un esfuerzo prioritario durante los próximos años será en la de la conservación y restauración de los objetos que después de haber pasado siglos en un medio tan particular como el acuático, pasan al medio aéreo en el que las condiciones físico químicas son totalmente diferentes, lo cual origina un proceso de deterioro que puede acabar con la destrucción del objeto. Se trata, especialmente en el caso de los materiales orgánicos y sobre todo de la madera, tan abundante en los yacimientos subacuáticos, de una problemática muy específica y que requiere, para una correcta solución, una infraestructura compleja y sobre todo la existencia de unos técnicos especializados cuya formación requiere un tiempo dilatado. En este sentido no podemos olvidar que no únicamente la restauración, si no la arqueología en general es una actividad pluridisciplinaria y que la formación de equipos de este tipo con un objetivo común no es una tarea fácil ni a nivel personal ni a nivel de organización administrativa.
La experiencia demuestra que si la creación de equipos pluridisciplinarios estables no es una tarea fácil, tampoco lo es la creación de equipos únicamente de arqueólogos ya que la arqueología española arrastra todavía una nefasta tradición de excesivo individualismo. La arqueología subacuática, aunque sea únicamente por los condicionantes técnicos que impone el trabajo bajo el agua, debe ser necesariamente una labor de equipo.
En este aspecto de las relaciones interpersonales una situación que se ha mostrado potenciadora o enormemente ralentizadora de la arqueología subacuática es el tipo de conexión que se establezca entre los arqueólogos terrestres y los subacuáticos especialmente en lo referente a organización administrativa. Hasta ahora, en España, todos los arqueólogos subacuáticos profesionales procedemos, afortunadamente, de la arqueología terrestre, lo cual nos confiere una visión global de la práctica arqueológica. Por esta circunstancia y por un convencimiento profundo, todos hemos defendido la necesaria unión de la arqueología terrestre y subacuática ya que ambas persiguen un mismo fin. Este planteamiento ha sido, en muchas ocasiones, mal entendido y esta unidad, que es cierta a nivel científico, se ha pretendido traspasar al campo de la organización administrativa por ignorancia, por comodidad o por simple defensa de intereses particulares. Lo normal es que se haya tendido a supeditar la arqueología subacuática a la terrestre, sin entender las particularidades y necesidades específicas de la primera. De esto tenemos pruebas claras en el campo de la legislación y la normativa, ya hemos comentado como se ha elaborado una legislación pensada en la arqueología terrestre en la que lo único que se ha hecho es añadir una frase que vine a decir que todo lo legislado para tierra se aplica también al agua.
En el campo de la organización administrativa la situación es similar. La arqueología subacuática apareció en un momento en que los organigramas de la arqueología, pensados para la problemática terrestre, ya estaban establecidos y consolidados y lo único que se ha hecho con la arqueología subacuática ha sido crear unos anexos que cuelgan, no se sabe muy bien como, de los organigramas anteriores. Así las labores de inspección, o de programación o la asistencia a las reuniones técnicas de patrimonio son realizadas por arqueólogos terrestres que no conocen los pormenores de la situación del patrimonio cultural subacuático o lo que es peor que consideran que estos matices no existen. Es necesario que se entienda que la cultura de un pueblo es un todo indivisible por lo que no puede tratar independientemente la pintura, de la escultura o de la arquitectura o de la historia o de la arqueología, pero que igual que no presenta la misma problemática ni requiere las mismas soluciones administrativas la danza clásica que la popular también es diferente la problemática de la arqueología subacuática de la de la terrestre.
Probablemente sea con el incremento de publicaciones científicas con lo que se irán haciendo más patentes estas diferencias y cuando llegue ese momento sería deseable que la razón y no la defensa a ultranza de situaciones consolidadas, haga adoptar las soluciones más idóneas. En estos momentos el centro dependiente del Ministerio de Cultura dispone ya de una revista periódica y el dependiente de la Generalitat de Catalunya distribuirá en las próximas semanas el primer volumen de una serie monográfica específicamente dedicada a arqueología subacuática. Otras publicaciones no periódicas han aparecido recientemente y nos consta que otras están en prensa. Confío que los resultados de los esfuerzos realizados durante los últimos años sigan poniéndose a disposición de la sociedad y sería deseable continuar en esta vía en intimo contacto con las universidades, de tal manera que trabajos de final de carrera o tesis doctorales vayan produciendo una visión más unitaria y global de la arqueología, todo lo cual dará como resultado el poner a disposición de la sociedad las informaciones suficientes para que pueda conocer su evolución como pueblo.
Previsiblemente en la próxima década la arqueología subacuática española debería consolidarse como actividad científica y todo parece indicar que así ocurrirá. Será responsabilidad de los arqueólogos y de las instituciones culturales el dejar muy patente que una cosa es hacer arqueología subacuática y otra muy diferente el sacar un lavabo de un camarote del Titánic. Probablemente el previsible cambio que debe producirse no vendrá motivado, básicamente, por la incorporación de nuevas tecnologías que aportarán sofisticados robots que permitan las actuaciones a cada vez mayores profundidades ya que no son imprescindibles. Nuestras costas, a escasa profundidad, están llenas de documentos históricos, no necesariamente con un gran valor económico, pero sí esenciales para el conocimiento de nuestra historia. Probablemente el cambio apunta, por una parte, hacia una protección más eficaz de este patrimonio enormemente frágil y por otra, hacia un mejor aprovechamiento de este patrimonio y hacia una nueva organización de la actividad.
En junio de 1998 la UNESCO ya ha sometido una discusión de los estados miembros del borrador de un documento para la protección del patrimonio cultural subacuático. Probablemente no será una discusión fácil; están en juego importantes intereses económicos, militares, estratégicos y incluso sentimentales que tienen muchas posibilidades de anteponerse a cuestiones arqueológicas. Algo tan necesario como la salvaguarda del patrimonio ubicado en aguas internacionales puede convertirse en escollo insalvable. Alguien ha entendido la extraña actuación de Ballard en el Mediterráneo a la búsqueda de barcos hundidos en una zona tan estratégica como es el estrecho entre Sicilia y Africa, rozando las aguas jurisdiccionales de varios países y utilizando un submarino nuclear de la armada estadounidense, como una reivindicación de la existencia de aguas internacionales en las que cualquier actuación es libre. El antiguo contencioso entre Grecia y Turquía a causa de la delimitación de sus aguas con el problema de Chipre como ejemplo, es otra prueba de esta problemática.
Por otra parte se plantean discusiones y se adoptan posturas en torno a la propiedad o al menos los derechos del país que abanderó el barco y aquel en cuyas aguas se hundió. El problema no es baladí, en aguas del Caribe reposan tesoros de la época de dominio español con valores incalculables, por otra parte, algunos ejércitos se oponen a que sus barcos de guerra puedan ser objeto de actuaciones de otros países.
Si bien la discusión no será fácil, ya es importante el hecho de que se produzca esta discusión a nivel internacional, tanto porque indica la existencia de una sensibilización que va creciendo, como porque los acuerdos a los que se lleguen, dentro de las posibilidades, supondrán un precedente y una mejora para la protección del patrimonio cultural subacuático.
La otra línea de cambio parece apuntar hacia el más y mejor aprovechamiento de este patrimonio y hacia una nueva organización de la actividad. En este sentido hace años que se avanza tímidamente y la creación de parques arqueológicos submarinos visitables son un ejemplo de una realidad en expansión. Los museos marítimos están inmersos en un proceso de cambio en el que ya no tiene cabida la mera exhibición de curiosidades marineras o de las antiguas proezas militares.
Probablemente los cambios más importantes se producirán en el campo de la organización de esta actividad ya que las administraciones públicas cada vez se apartan más de la concepción tradicional de hacedoras universales. En este sentido parece caminar la drástica reducción de puestos de trabajo público. Tendrán que ser, cada vez más, los profesionales liberales y no los funcionarios los artífices del futuro de la arqueología subacuática y el gran enigma es, hasta que punto la administración estará dispuesta y podrá ejercer el control sobre el uso correcto de este patrimonio público para que cumpla su función social o, por el contrario, primarán los intereses económicos o de prestigio de grupos minoritarios.
